¿Es posible ser propietario de cinco pisos en Madrid, vivir en la capital y cobrar dietas de alojamiento por trabajar en la misma ciudad? En el caso de Elvira Rodríguez, ex ministra de Medio Ambiente con José María Aznar y diputada del PP por Jaén, la respuesta es sí.

Rodríguez, actual presidenta de la Comisión de Economía del Congreso -el jueves arbitró la comparecencia de Rodrigo Rato por el caso Bankia-, percibe 1.823,86 euros mensuales de la Cámara Baja en concepto de "indemnización" por los "gastos de alojamiento y manutención en la capital".

La que fuera secretaria de Estado de Presupuestos no es la única beneficiaria de esa chirriante anomalía. Otros 63 diputados de fuera de Madrid con casa propia en la capital cobran idénticas dietas de alojamiento. Pero Rodríguez ostenta un récord imbatible: es la diputada que más viviendas posee.

Casada en régimen de gananciales y madre de cuatro hijos, Rodríguez tiene dos viviendas unifamiliares en Madrid, una adquirida en 1989 y la otra una década más tarde. Es también propietaria de dos apartamentos y una plaza de garaje, y de un quinto piso recibido en herencia. Todas las casas están libres de cargas hipotecarias.

Nacida en Madrid en 1949, la diputada por Jaén -ciudad con la que no tiene ninguna vinculación- cobra un sueldo de 6.069,04 euros mensuales. Esa cantidad incluye los 1.823,86 euros de alojamiento y manutención y otros 1.431,31 euros para gastos de representación como presidenta de la Comisión de Economía.

El pasado 28 de junio, en una entrevista en la cadena Cope, la ex ministra de Medio Ambiente afirmó que "los salarios públicos tendrán que reducirse", y abogó por la "imprescindible reforma" de la Administración. Pero la eliminación de las dietas de alojamiento para los diputados de fuera de Madrid ni siquiera está en la agenda del Congreso.

El presidente del Congreso, Jesús Posada, aseguró ayer que los diputados "están mal pagados en general". En una entrevista en el diario Abc, Posada defendió que los parlamentarios disfruten de un iPad y un iPhone con cargo a los presupuestos de la institución porque son "un instrumento útil de trabajo". El Congreso también cubre sus gastos de transporte, además de 3.000 euros anuales en taxis para los que no tienen vehículo propio.